Con un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez penal del circuito emitió sentencia contra tres exintegrantes de la Policía Nacional por su responsabilidad en un hecho lamentable ocurrido el 24 de agosto de 2020, en Cartagena, Colombia, que terminó con la pérdida humana de un joven deportista.
Según explicó la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, durante el juicio oral se presentaron pruebas y argumentos que permitieron establecer la responsabilidad de los entonces patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard, no solo por el incidente principal, sino también por conductas posteriores relacionadas con el caso.
La investigación indicó que los uniformados llegaron a un lavadero de vehículos ubicado en el barrio San Francisco, donde el adolescente trabajaba de manera temporal. De acuerdo con el ente acusador, el joven fue intimidado y agredido luego de no responder con precisión a preguntas sobre los horarios del establecimiento, situación que derivó en un momento de tensión.
Ante el temor, el deportista decidió retirarse del lugar, pero fue seguido por los policías. En medio de esa persecución, uno de ellos habría accionado su arma de dotación, provocando una grave lesión. El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente perdió la vida, según detalló la Fiscalía.
El organismo judicial también señaló que, en los reportes oficiales, dos de los exuniformados aseguraron que la víctima pertenecía a un grupo irregular y que había utilizado un artefacto artesanal. Sin embargo, testimonios, peritajes técnicos y pruebas balísticas demostraron que esa versión no correspondía con la realidad y que el objeto presentado no era apto para su uso.
En la audiencia de este martes, el juez condenó a Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por homicidio agravado. Por su parte, Olivo de Ávila recibió una pena de 13 años y 6 meses, mientras que Gómez Ricard fue sentenciado a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.
El joven, reconocido por su talento en el fútbol, se encontraba en Cartagena debido a la emergencia sanitaria de la época. Para apoyar a su familia, afectada por el desempleo, trabajaba en el lavadero cercano a su vivienda. Tras el caso, la comunidad acompañó a sus padres, quienes impulsaron un movimiento por los derechos humanos y el rechazo a los abusos de autoridad.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si los exuniformados ya cumplen la condena, ya que en agosto de 2022 se conocía que permanecían en libertad. El caso, ampliamente seguido por la opinión pública, marca un precedente en la búsqueda de verdad y justicia.
