El Estado peruano no cumplió con los derechos a la salud y la vida de Camila, una niña indígena de 13 años que fue ofendida cruelmente de manera íntima por su padrastro, al negarle el acceso a la información o los medios para interrumpir su embarazo de manera segura y legal, según una decisión histórica tomada por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a mediados de junio.
La resolución insta al Estado a despenalizar y modificar las normas que rigen el acceso al AB0RT0 terapéutico, destacando su uso particular en las niñas por el importante riesgo que conlleva. También hace un llamado al Estado a crear un mecanismo intersectorial que prohíba a toda costa la retraumatización de la persona del caso.
Dos meses después, un caso sorprendentemente similar al primero demuestra que el gobierno y las autoridades correspondientes no cumplieron con sus obligaciones, lo que tuvo un impacto negativo en una segunda niña más pequeña.
La pequeña de once años en cuestión se llama Mila tanto para proteger su identidad como para enfatizar que se le hizo el mismo daño que a Camila.
Mila proviene de un barrio modesto en Iquitos, la capital de la nación en la región selvática de Loreto. Desde que tenía seis años, su padrastro abusó de ella en repetidas ocasiones, y hace un mes descubrió que tenía trece semanas de embarazo.
Las autoridades dijeron que era improcedente el pedido de prisión preventiva y dejó en libertad al sujeto.
Para supuestamente protegerla de su familia, la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto optó por enviar a Mila a uno de sus albergues.
Pero también sus tres hermanos, el menor de los cuales tiene solo cuatro meses. Su madre, que también prefiere permanecer en el anonimato, aseguró que ella era una VÍCT❙M₳ de su pareja al punto que había amenazado con suicidarse y que por eso no había podido asistir a su hija.
“Yo tenía miedo, porque me tenía amenazada, me cerraba la puerta. Cuando yo quería salir, él me decía: ‘si tú avisas a los vecinos te voy a quitar la vida y me voy a largar’. Cuando yo hablo de él tengo miedo. Tengo pesadillas”, dijo la madre a Epicentro TV, un portal de investigación.
Afirma que pidió que Mila se sometiera a un AB0RT0 terapéutico, pero la Unidad de Protección Especial no activó el protocolo y, por lo tanto, no les entregó los datos pertinentes.
Así como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) se hizo cargo de la defensa legal de la madre, la UPE remitió a Mila al Hospital Regional de Loreto para que un consejo médico decidiera que la pequeña, que no ha Ni siquiera terminó la escuela primaria, pudo acceder al AB0RT0 terapéutico.
Mila debe llevar a término al bebé, decidieron los médicos el 3 de agosto. Argumentó que los casos de V0L CN no están contemplados en el protocolo terapéutico AB0RT0 y que la niña de once años les había informado ella misma que quería al bebé.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una niña menor de quince años tiene tres veces más posibilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que una niña mayor de veinte años.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya confirmó que una nueva Junta médica revisará el caso de Mila para determinar si se permite o no interrumpir su embarazo. Promsex logró que se reconsiderara el caso.
“Quiero que se lo saquen de su vientre. A mi hija sí la quiero ver, pero a ese bebe no porque le ha hecho un daño a mi hija”, Dijo la progenitora.
La Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Perú, UNFPA, ONU Mujeres y otras organizaciones emitieron un comunicado conjunto para expresar su grave preocupación por la situación y solicitar al Estado peruano y a la autoridades relevantes.
"Instamos a reconsiderar la decisión de negarle el acceso al AB0RT0 terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas que sufren V❙0L₳C❙ÓN este derecho".
"Con procedimientos seguros y pertinentes a su edad y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico (…) Recordamos que la maternidad forzada derivada de una V❙0L₳C❙ÓN no es voluntaria, y atenta contra la salud integral”.
Los Centros de Emergencia Mujer informan que en Perú se han atendido 4.031 casos de ofensas iguales en menores de edad en lo que va del año.
En total se reportaron 4.238 casos en 2020. 1.100 niños menores de quince años se convierten en madres cada año en el país, según el diario El Comercio. Desafortunadamente, el horror por el que han pasado Mila y Camila no es un incidente aislado sino un drama constante.
