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Nueve personas fallecieron en trágico hecho ocurrido en la Central de Abasto de Toluca, Estado de México, México. Los cuerpos de los fallecidos han sido entregados a sus familiares por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que asistan a su velatorio y sean sepultados.
Dos de los cuerpos pertenecen a ancianos de Zinacantepec, mientras que los otros seis pertenecen a la familia Ramírez Díaz, quienes residen en Ixtlahuaca. Aún no hay información disponible sobre la última persona fallecida.
La familia de Lourdes Díaz y Benito Ramírez se dedicaba desde hacía 20 años a la venta de mercancías en la región de La Isla, particularmente en el Almacén 7 de la Central de Abasto de Toluca.
Pero el intento de desalojarlos y reemplazar su puesto con una tienda de comestibles desencadenó una pelea que resultó en muertes trágicas, incluidas dos personas mayores que defendían sus lugares.
Pilar Ramírez Díaz y sus hijos adolescentes Areli Enríquez, Cristhian Enríquez y Alexandra Enríquez estaban entre los fallecidos, según una prima de los fallecidos que habló con un medio de comunicación.
Como toda su vida estaba dedicada a los negocios, estos tres jóvenes perecieron en un incendio debajo de las plataformas donde se elevaban.
Los seres queridos de la familia recibieron anoche sus restos y los cuidarán en San Mateo Ixtlahuaca, donde fueron criados. Sus familiares quieren rendirles homenaje a pesar de que sus cuerpos fueron reducidos a cenizas para demostrar cuánto los amaban y aún los aman.
Allí dormía la familia Díaz aquella fatídica noche del incendio, según el testimonio de una sobrina, a causa de la disputa por la propiedad.
Para asegurarse de que no fueran desalojados por la fuerza, habían apostado guardias. Descubrieron la construcción de una propiedad comercial que había invadido su área una mañana cuando la disputa por el espacio aún estaba en curso. Tomaron la decisión de iniciar la vigilancia nocturna ante esta circunstancia, sin darse cuenta de que ese sería el principio del fin para ellos.
La joven, que tuvo que lidiar con su enojo por la pérdida, aseguró que su tía Lourdes solo quería preservar la compañía que los había sostenido toda su vida y donde habían trabajado arduamente.
Cumplieron con las cuotas y exigencias establecidas por la junta directiva durante mucho tiempo mientras vivían en paz. Pero un día, un hombre que decía ser el dueño de los espacios que ocupaban los inquilinos se presentó y amenazó con desalojarlos.
Tras este incidente, su familia se acercó a las autoridades e inició un procedimiento legal para defender lo que creían suyo. Ofrecieron un amparo para evitar que les quitaran el trabajo, pero la administración de la Central de Abasto se negó a aceptar responsabilidad o reconocer ningún acuerdo con los inquilinos.
Según el relato de la sobrina, la intimidación se agudizó, particularmente porque se preveía que el amparo fallaría a favor de su familia en los días siguientes. El los asaltantes planearon ocupar permanentemente el espacio que había ocupado la familia Ramírez Díaz y vender huevos y otros artículos del colmado del lugar.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó que nueve personas han sido detenidas en relación con el incendio y dijo que es probable que algunas de ellas sean los artífices intelectuales del evento.
A los sujetos se les dio orden de apresamiento, y la dependencia confirmó a través de un comunicado que están siendo procesados por H0M❙C❙D❙0 calificado.
Según la versión preliminar de la acusación, estos cinco sujetos, bajo diversas formas de participación, planificaron, organizaron y ordenaron el ataque contra los comerciantes minoristas que se encontraban en la zona conocida como "Isla". Tres de los detenidos integraban la Junta Directiva de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor; otro está a cargo del Departamento Jurídico; y un quinto está a cargo de la seguridad en la Central.
La Comisión Nacional Antihomicidios (CONAHO), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y la Secretaría de Seguridad del Estado (SS ), participó en el operativo con miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC).
También fueron detenidos cuatro guardias de seguridad privada que debían actuar, según la agencia estatal. «actos eficientes que permitieron la ejecución material de los hechos, antes, durante y después de perpetrados».
Luego de revisar la prueba disponible, la Autoridad Judicial otorgó las órdenes de arresto a solicitud del Agente del Ministerio Público Investigador del Estado de México. Como resultado, han sido ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez y puestos a disposición de un Juez de Control que decidirá su situación jurídica.
La investigación para identificar y concretar la captura de los autores materiales del ataque sigue en curso, señaló la Fiscalía mexicana.
